| Campaña el derecho amenazado |
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La Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR-Euskadi) reivindica las obligaciones del Estado español relativas al cumplimiento del principio de no devolución (non-refoulement) de las personas refugiadas en las actuaciones de control y vigilancia de la frontera Sur de Europa. España ha desarrollado, en el marco de la Unión Europea, un ‘sistema de control’ de flujos migratorios que lleva su jurisdicción más allá de las fronteras de su territorio. En este ‘control de flujos’, el Gobierno español actúa en aguas internacionales y en países en tránsito, además de establecer acuerdos con los países de origen para que controlen la salida de sus propias costas. Estas medidas constituyen una violación de los tratados de protección de los derechos humanos y de protección de las personas refugiadas. El Estado español debe asegurar, a través de medidas estructurales, el respeto al derecho de salida, la prohibición de devolución y las pertinentes garantías del procedimiento. El compromiso de España con las personas refugiadas sufre un grave retroceso, puesto que, al notable descenso del número de personas que lograron acceder al procedimiento de asilo en 2008, 4.516 personas, la cifra más baja en 20 años, se unieron unos índices de reconocimiento de la protección internacional ínfimos (sólo 151 personas recibieron el estatuto de asilo). En Francia hubo 35.160 solicitudes y se reconocieron más de 11.000. En Junio de 2009, la Comisión de Interior del Congreso aprobó además el texto final de la Ley reguladora del derecho de asilo, la condición de refugiado, y la protección complementaria para su traslado al Senado. El proyecto de Ley de Asilo supone un grave retroceso en la defensa de los derechos humanos de las personas refugiadas con respecto a las garantías de la legislación actual. Excluye del derecho a solicitar asilo a los ciudadanos europeos comunitarios; elimina la posibilidad de solicitar asilo en una embajada española; aumenta la capacidad del Ministerio de Interior de rechazar casos sin un estudio en profundidad; introduce el concepto de tercer país seguro, que permite rechazar solicitudes sin estudiarlas de manera individual; y reduce el papel de ACNUR en la frontera, entre otras cuestiones graves. Y si quieres más información: El derecho amenazado: Campaña contra la vulneración del asilo en el acceso a Europa |
